La ley de transparencia corporativa de EE. UU.: a quién afecta y cómo prepararse

Las normas de divulgación del beneficiario final se aplican a las entidades nacionales y extranjeras, registradas en la secretaría de estado o en cualquier oficina similar conforme a las leyes de un estado o tribu indígena. Estas normas afectarán a un enorme volumen de entidades, y las empresas deben empezar a prepararse para garantizar su cumplimiento.

Alineación con las prácticas internacionales

Aumentar la transparencia del beneficiario final en todas las jurisdicciones y entre ellas, para identificar claramente quién posee, controla y se beneficia de las actividades de las empresas, ha sido uno de los principales objetivos de muchas jurisdicciones de todo el mundo. Al menos 30 países ya han implementado algún tipo de registro central de información sobre el beneficiario final. Con la promulgación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) el 1.° de enero de 2021, y el establecimiento de su reglamento final, EE.UU. se une ahora a los esfuerzos mundiales para promover la transparencia financiera. Este paso tiene como objetivo mejorar la seguridad nacional y proporcionar información crítica a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a la comunidad de inteligencia.

¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas normas CTA?

Las normas definitivas se aplicarán a partir del 1.° de enero de 2024. Las empresas constituidas después de esa fecha tienen 30 días desde su creación para presentar los informes BOI iniciales. Las empresas constituidas antes de la fecha de entrada en vigor tendrán hasta el 1.° de enero de 2025 para presentar sus informes BOI. Las empresas que experimenten un cambio en el beneficiario final (incluido el cambio de nombre, domicilio, etc.) después de haber presentado sus informes BOI, deben informar del cambio en un plazo de 30 días.

¿Qué empresas estarán obligadas a informar?

La mayoría de las empresas obligadas a informar serán sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o entidades creadas mediante la presentación de un documento ante el secretario de estado o una oficina similar en virtud de la legislación estatal aplicable, incluidas las tribus indígenas. El reglamento incluye a las empresas nacionales y extranjeras existentes y futuras.

Este reglamento identifica 23 tipos de entidades exentas:

1. emisores de valores declarantes
2. autoridades gubernamentales
3. bancos
4. cooperativas de crédito
5. sociedades de cartera de instituciones de depósito
6. empresas de servicios monetarios
7. corredores o agentes de valores
8. bolsas de valores o agencias de compensación
9. otras entidades registradas en la ley de intercambio (Exchange Law)
10. sociedades de inversión o asesores de inversión
11. asesores de fondos de capital riesgo
12. compañías de seguros
13. productores de seguros con licencia estatal
14. entidades registradas en la ley de intercambio mercantil de commodities
15. empresas de contabilidad
16. empresas de servicios públicos
17. servicios públicos del mercado financiero
18. vehículos de inversión colectiva
19. entidades exentas de impuestos
20. entidades que ayudan a una entidad exenta de impuestos
21. grandes empresas de explotación
22. filiales de determinadas entidades exentas
23. entidades inactivas.

¿Qué información debe comunicarse?

Las empresas declarantes deberán facilitar a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) información sobre los beneficiarios finales.

1. La propia empresa declarante: nombre legal completo, domicilio social, jurisdicción de constitución o registro y número de identificación fiscal (NIF). Las empresas declarantes extranjeras podrán facilitar su número de identificación fiscal extranjero, cuando no dispongan de un TIN estadounidense.
2. Cada beneficiario efectivo de la empresa declarante y el solicitante de la empresa declarante: nombre legal completo, fecha de nacimiento, calle de residencia o de negocios actual y número de identificación único de un documento de identificación aceptable; cuando no se disponga de un número de identificación estadounidense, se aceptará un pasaporte válido no estadounidense.

¿Quiénes son los beneficiarios finales y las empresas declarantes?

Un beneficiario final es cualquier persona física que, directa o indirectamente, ejerza un control sustancial sobre dicha empresa declarante o posea o controle al menos el 25 % de las participaciones de propiedad de dicha empresa declarante. Es importante destacar que, aunque no haya ninguna persona física con el 25 % de la participación en la propiedad, se espera que al menos una persona con un control sustancial presente el informe.

La norma final añadió aclaraciones que ampliaron significativamente el concepto de titularidad real establecido en la norma de diligencia debida con respecto al cliente. Por ejemplo, una persona que ejerza como alto cargo en la empresa declarante tiene autoridad para nombrar y destituir a altos cargos de la empresa declarante, o ejerce una influencia sustancial sobre decisiones importantes de la empresa y se considera que tiene una forma de control sustancial.

En cuanto a los trustees, la norma final establece tres circunstancias en las que se considerará que los intereses de propiedad mantenidos en fideicomiso son propiedad o están bajo el control de un beneficiario:

• un beneficiario que sea el único receptor admisible de los ingresos y el capital del fideicomiso, o que tenga derecho a exigir la distribución o retirar la práctica totalidad de los activos del fideicomiso;
• un trustee del fideicomiso u otra persona con autoridad para disponer de los activos del fideicomiso; o
• un otorgante o trustee que tenga derecho a revocar el fideicomiso o a retirar de otro modo los activos del fideicomiso.

Cuando se trata de solicitantes de sociedades, el beneficiario final es la persona física que presenta directamente el documento para crear o registrar la sociedad declarante y, cuando hay más de una persona física implicada en dicha presentación, lo define como la persona física que es la principal responsable de dirigir o controlar dicha presentación.

¿Hay sanciones por incumplimiento?

Las sanciones por incumplimiento son severas e incluyen multas y posibles penas de prisión de hasta dos años.

¿Quién tendrá acceso a la base de datos de información sobre beneficiarios finales?

La información sobre beneficiarios finales sólo se utilizará para fines autorizados por ley y estará sujeta a protocolos estrictos de uso y seguridad. FinCEN promulgará protocolos adecuados para proteger la seguridad y confidencialidad de dicha información. El uso o la divulgación no autorizados de la información sobre propietarios efectivos pueden ser objeto de sanciones penales y civiles.

¿Qué hay que hacer ahora?

Las normas tienen un largo período de aplicación, pero recomendamos a las empresas que empiecen a prepararse ahora y pidan orientación a sus abogados y asesores fiscales para

• determinar si sus entidades entran en el ámbito de una empresa declarante, y evaluar sus obligaciones de información
• identificar a los beneficiarios efectivos y a los solicitantes de sus empresas, que podrían incluir a terceros.

Al mismo tiempo, para evitar sanciones, las empresas deben vigilar de cerca cualquier cambio que pueda afectar a su estatus de beneficiario final.

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